
A esta acción se sumó, una segunda querella presentada por el Director del Servicio de salud Aconcagua Rodrigo Infante, ante los daños registrados en establecimientos hospitalarios.
Una querella criminal contra quienes resulten responsables, a raíz de los daños e incidentes registrados con motivo de las manifestaciones realizadas por estudiantes y la CUT, en el Tribunal de Garantía de la ciudad de San Felipe.
Explicó la gobernadora que la acción de interponer una querella criminal, por el delito de daños a la propiedad pública y privada, lesiones y delito de incendio, en contra de todos aquéllos que resulten responsables de estos ilícitos penales.
Explico que con fecha 25 de Agosto de 2011, grupos organizados de personas, concertados y al parecer obedeciendo a un llamado de la dirigencia gremial principalmente de la Confederación Unitaria de Trabajadores, de carácter nacional, para movilizarse en demanda de 

Estos hechos generaron el trastorno de todas las actividades económicas, comerciales, del transporte y de ámbito tanto público como privado de la ciudad y de otras comunas.
“Estos hechos, tipifican los ilícitos de incendio, lesiones, e infracción a la ley n° 17.798 sobre control de armas y explosivos, en cuanto se utilizaron artefactos incendiarios y daños, previstos y sancionados, por el Código Penal, que sancionan con presidio mayor en cualquiera de sus grados; y con reclusión menor en sus grados medio a máximo, a los responsables de dichos delitos respectivamente .
Esto nos obliga, como primera autoridad ejecutiva de la provincia, a interponer las acciones que el ordenamiento jurídico franquea, a fin de lograr el total esclarecimiento de los hechos, haciendo especial énfasis en las graves connotaciones de este ilícito, que trascienden el sólo interés particular violentado, sino que comprometen al conjunto de la sociedad, pues tienden a crear una falsa imagen de impunidad e inseguridad de la colectividad, habida consideración que este ilícito en particular, se cometió, prácticamente a plena luz del día , alterando la normalidad de las actividades ciudadanas, actuando con total desprecio de la autoridad.
Mi intervención como primera autoridad ejecutiva de la provincia, fluye de las disposiciones constitucionales y legales que nos legitiman para ejercer la acción penal pública”.
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