La diputada por la Región de Valparaíso, Francisca Bello, ofició a la Dirección General de Aguas (DGA), Sernageomin y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para solicitar fiscalizaciones al proyecto minero Pimentón, ubicado en la comuna de San Esteban, provincia de Los Andes.
La acción surge a partir de antecedentes entregados por el Observatorio de Conflictos Socioambientales del Aconcagua y la preocupación de habitantes del sector Camino Internacional. Entre ellos está el ingreso al SEIA de la consulta de pertinencia “Sondajes de Confirmación de Pórfido en Profundidad Pimentón”, presentada por Minera Tamidak Limitada, junto con actividades relacionadas con el proyecto “Depósito de Relaves Pimentón”, que cuenta con la RCA N°34/2020.
Según lo informado por la comunidad, ya se estarían registrando movimientos y trabajos en plataformas vinculadas al proyecto, lo que ha generado inquietud por su cercanía con glaciares rocosos, cursos de agua y la cuenca del río Colorado, uno de los principales tributarios del río Aconcagua.
“Cuando las comunidades alertan sobre movimientos en una zona tan sensible para la cuenca del Aconcagua, las instituciones tienen que fiscalizar y entregar certezas. No podemos esperar a que exista un daño para recién preguntarnos si las actividades tenían los permisos correspondientes o qué impacto podían generar sobre el agua y los glaciares”, señaló Bello.
A la DGA, la diputada solicitó conocer los derechos de aprovechamiento de aguas utilizados por la minera, las extracciones efectivas y un eventual uso de las denominadas “aguas del minero”. También pidió una inspección en terreno para descartar intervenciones de cauces, quebradas, escurrimientos naturales o glaciares rocosos.
A Sernageomin requirió antecedentes sobre permisos, seguridad minera y relaves, además de verificar posibles movimientos de tierra, uso de plataformas y tránsito de maquinaria. Ante la SMA, pidió establecer si las actividades se ajustan a las autorizaciones ambientales vigentes y si podrían constituir una modificación relevante o ejecución anticipada de obras que deban ingresar al SEIA.
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“En la región de Valparaíso sabemos lo que significa vivir con escasez hídrica. Por eso, cualquier intervención que pueda afectar fuentes de agua o ecosistemas cordilleranos tiene que ser revisada con especial rigurosidad. Las comunidades tienen derecho a saber qué se está haciendo, con qué permisos y bajo qué fiscalización”, cerró la parlamentaria.
