Los hechos denunciados ocurrieron en dependencias policiales y militares de la provincia de Los Andes y San Felipe durante los primeros meses de la dictadura militar.
Dos vecinos de la comuna de Los Andes, reconocidos oficialmente como víctimas de prisión política y tortura, presentaron una demanda de indemnización de perjuicios contra el Fisco de Chile, solicitando una millonaria indemnización por concepto de daño moral.
La acción judicial es patrocinada por los abogados andinos Manuel Pinto Mora, Daniel Carvacho Lindquist y Gabriel Carvacho Lindquist.
Se trata de OTJ, actualmente de 75 años, reconocido por la Comisión Valech I como víctima de prisión política y tortura, y OASC, de 71 años, reconocido por la Comisión Valech II. De acuerdo con lo expuesto por los abogados en la demanda, don OTJ, militante del Partido Socialista de Chile, fue detenido en Cabildo el 12 de septiembre de 1973, cuando tenía 27 años, por funcionarios de Carabineros de Chile. Posteriormente fue trasladado hasta dependencias de la Prefectura de Aconcagua en San Felipe, donde habría sido encarcelado, golpeado y sometido a amenazas y torturas físicas y psicológicas. Entre los hechos más graves sufridos por este demandante destaca la realización tres simulacros de fusilamiento, efectuados mediante descargas de armas de fuego al aire. El schock y el sonido emitido por las detonaciones lo dejaron con graves secuelas psicológicas de por vida. Posteriormente fue dejado en libertad sin cargos.
En el caso de OASC, los hechos se remontan a enero de 1974, cuando con 19 años de edad fue detenido por una patrulla militar en la Plaza de Armas de Los Andes. Según la demanda, posteriormente fue trasladado al Regimiento Nº 18 Guardia Vieja, (actual destacamento de Montaña Yungay) donde habría sido sometido a reiterados interrogatorios acompañados de tortura física y vejámenes psicológicos bajo la falsa acusación de mantener oculto armamento vinculado a actividades subversivas. Posteriormente fue trasladado a la Cárcel de Los Andes, donde permaneció privado de libertad en dos períodos.
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La demanda sostiene que ambos hechos corresponden a graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y que sus consecuencias se mantienen hasta la actualidad. Según el libelo, ambos demandantes presentan crisis de ansiedad, trastornos del sueño y estrés postraumático, pese al tiempo transcurrido de la ocurrencia de los hechos.
La acción judicial se encuentra radicada en el 10º Juzgado Civil de Santiago y se fundamenta en normas constitucionales, jurisprudencia nacional e internaciones y los principios del Derecho Internacional de DDHH relativa al deber de reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado. Los abogados patrocinantes solicitan que el Fisco de Chile indemnice a ambas víctimas por el grave daño moral sufrido.
