Una fuerte controversia se ha generado en el país luego de conocerse que el Ministerio de Justicia autorizó la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, durante los primeros seis meses del gobierno del Presidente José Antonio Kast.
De acuerdo con una investigación publicada por Interferencia, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 se aprobaron 27 reducciones de penas por abuso sexual infantil y otras 29 por violación de menores. En el mismo período, solamente una solicitud habría sido rechazada.
Los antecedentes indican que estas rebajas fueron concedidas mediante procedimientos administrativos del Ministerio de Justicia, generando cuestionamientos sobre los criterios utilizados para otorgar los beneficios.
Frente a la polémica, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las decisiones, explicando que se aplicaron criterios jurídicos establecidos por la Corte Suprema.
Sin embargo, la controversia apunta a que una modificación legal de 2022 restringió estos beneficios para condenados por delitos sexuales contra menores, existiendo diferencias respecto de su aplicación a delitos cometidos antes de esa fecha.
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Según antecedentes publicados por Emol, durante los últimos cinco años se han concedido 332 rebajas de condenas por delitos sexuales, de las cuales 276 corresponden al gobierno de Gabriel Boric y 56 a la actual administración.
La situación ha provocado reacciones en el Congreso, donde parlamentarios anunciaron acciones para solicitar explicaciones al Ministerio de Justicia. Asimismo, la Defensoría de la Niñez manifestó su preocupación por los criterios aplicados y la protección de las víctimas.
Cabe precisar que una rebaja de condena no implica necesariamente la libertad inmediata de las personas beneficiadas.
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El caso mantiene abierto el debate sobre la aplicación de estos beneficios penitenciarios y las garantías de protección para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales.
