La Contraloría General de la República inició una fiscalización al Ministerio de Justicia para revisar la legalidad de las rebajas de condenas otorgadas durante el actual Gobierno, situación que mantiene bajo cuestionamientos al ministro Fernando Rabat.
De acuerdo con antecedentes publicados por Radio Bío Bío, el organismo fiscalizador se encuentra realizando diligencias en la cartera desde la semana pasada, tras recibir denuncias relacionadas con estos beneficios penitenciarios.
La controversia surge luego de conocerse la existencia de 56 decretos que redujeron condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, correspondientes a 27 casos de abuso sexual y 29 de violación.
Entre los antecedentes que motivaron la fiscalización figura una presentación del diputado Héctor Ulloa, quien solicitó revisar las rebajas concedidas desde el 11 de marzo, incluyendo beneficios relacionados con delitos sexuales, secuestro calificado y tortura.
La revisión contempla examinar los decretos, informes psicológicos, evaluaciones de riesgo de reincidencia y procedimientos utilizados para verificar el cumplimiento de los requisitos legales.
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Paralelamente, Contraloría solicitó antecedentes al Ministerio de Justicia por una eventual falta de respuesta a requerimientos de la Defensoría de la Niñez, procedimiento distinto de la fiscalización sobre las condenas.
El ministro Fernando Rabat confirmó las diligencias y aseguró que responderán dentro de los plazos legales, aunque no precisó cuándo serán entregados los 56 decretos cuestionados, argumentando que contienen información personal sensible.
Mientras continúa la fiscalización, parlamentarios de oposición preparan una acusación constitucional contra el secretario de Estado.
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Hasta ahora, Contraloría no ha informado resultados ni determinado eventuales irregularidades en las rebajas de condenas.
Fuente: Radio Bío Bío.
