By Por AconcaguaNews
Hay trayectorias públicas que se construyen con mérito, principios y trabajo honesto. La de Mario Fuentes Romero, en cambio, parece construida sobre algo más volátil: conveniencia, blindajes institucionales y una asombrosa capacidad para permanecer en el poder, incluso cuando las señales de alerta suenan a todo volumen. Abogado de profesión, exgobernador de Petorca y exdirector jurídico de la Municipalidad de San Felipe, su nombre ha desfilado por radios, portales de prensa y despachos judiciales. En cada etapa, un nuevo episodio. En cada cargo, un nuevo cuestionamiento.
Uno de los primeros antecedentes públicos surgió el 16 de septiembre de 2014, cuando Radio Bío Bío reportó que Fuentes habría sido sorprendido por Carabineros conduciendo un vehículo fiscal en presunto estado de ebriedad en dos ocasiones, en julio y agosto de ese año. Él lo negó tajantemente, asegurando que no existía ningún antecedente formal y que las prefecturas de La Ligua y Viña del Mar lo habían confirmado. Además, afirmó que todo se trataba de un ataque político en su contra.
Ese mismo año, el 1 de octubre, nuevamente Radio Bío Bío informó que 93 familias de Cabildo denunciaron a Fuentes por no haber cumplido un encargo legal: representarlas en una demanda ambiental contra la minera Las Cenizas. La situación se agravó cuando los denunciantes acusaron que, ya en su rol de gobernador, intentó retomar contacto con ellos desde la institucionalidad para intentar resolver el conflicto no abordado mientras ejercía como abogado. El exgobernador Julio Trigo fue uno de los principales críticos del hecho, acusando “un uso indebido del cargo para resolver errores de su pasado profesional”.
No obstante, la exposición pública de Fuentes no se limita a los tribunales ni a las radios. El 4 de abril de 2015, el diario La Cuarta sorprendió con una nota donde revelaba que el gobernador de Petorca había protagonizado el Vía Crucis en La Ligua interpretando a Jesucristo. Durante más de 30 minutos permaneció colgado simbólicamente de una cruz. Consultado por el medio, dijo: “Nunca había rezado tanto para no caerme”. El episodio, lejos de pasar desapercibido, se viralizó en redes sociales como “el gobernador crucificado”. Fue su forma de mostrar fe… y quizás también fotogenia.
El 31 de mayo de 2018, La Tercera PM publicó un informe que sacó a relucir nuevas irregularidades, esta vez vinculadas a su paso por la Segegob. La Contraloría General de la República, a través del informe N° 805/2017, cuestionó la contratación de Fuentes entre enero y junio de 2017 por $10 millones, en calidad de asesor, mientras era precandidato a diputado. El problema fue que los informes que entregó no acreditaban funciones concretas ni relación con programas ministeriales. El dictamen advirtió que este tipo de contrataciones “distorsiona el uso de recursos públicos y abre la puerta al aprovechamiento político”.
En diciembre de 2024, el caso dio un salto cualitativo cuando Karina Vicencio denunció ante la Fiscalía de Viña del Mar (RUC 2401508499-1) al abogado Fuentes por el delito de prevaricación. Según consta en el escrito judicial de la causa ROL C-24-2020 del Juzgado de Letras de La Ligua, la mujer lo había contratado como su abogado en un juicio civil sobre una propiedad. Sin embargo, mientras la representaba, Fuentes habría comenzado a colaborar —de forma paralela— con la parte demandante, vinculada a la empresa MYH Group. La denuncia apunta a que firmó un avenimiento con cláusulas abusivas, entre ellas una multa de $19 millones en caso de incumplimiento, sin haber sido informada plenamente. Años después, Vicencio descubrió que Fuentes representaba legalmente a la contraparte en otra causa. Un caso que, de comprobarse, podría significar la pérdida de su título profesional.
El 29 de abril de 2025, en un giro dramático, Fuentes presentó su renuncia a la Municipalidad de San Felipe y, ese mismo día, interpuso una querella por presunto fraude al fisco por más de $1.300 millones, acusando a la empresa Áridos Córdova de explotar ilegalmente el lecho del río Aconcagua. Si bien se presentó como denunciante, concejales y funcionarios municipales aseguraron que había sostenido reuniones informales con representantes de la empresa, lo que genera dudas sobre su rol real en la operación.
Antes de dejar su cargo, logró que el Concejo Municipal aprobara una modificación a su evaluación de desempeño para que pudiera recibir bonos del Programa de Mejoramiento de la Gestión. Esto, pese a que no cumplía con los indicadores establecidos. El acto fue aprobado por mayoría y ampliamente criticado por algunos concejales y vecinos, quienes lo calificaron como una forma de “autopremiarse con recursos públicos”, justo antes de salir.
Así, entre lo administrativo, lo simbólico y lo judicial, Mario Fuentes Romero ha tejido una trayectoria tan llamativa como preocupante. Desde su rol como abogado, pasando por sus incursiones religiosas, sus contratos irregulares y su actual proceso penal, ha logrado mantenerse a flote en un sistema que, a todas luces, lo ha permitido.
Más allá de cómo termine la causa judicial, su historia habla de algo más grande: la tolerancia institucional con quienes conocen bien los bordes de la legalidad, y que saben cuándo callar, cuándo renunciar y cuándo aparecer —o desaparecer— en el momento exacto.
Pero la historia no terminó con su renuncia. Por el contrario, se puso aún más turbia. La Municipalidad de San Felipe, a través de su Dirección Jurídica —ahora sin él—, presentó una querella criminal por presunto fraude al fisco. ¿El motivo? La cuestionada contratación, por trato directo, de un excompañero de universidad de Fuentes, en un proceso donde él mismo actuó como contraparte técnica. El contrato, según antecedentes recopilados por el municipio, habría involucrado la venta de insumos copiados desde otra municipalidad, con indicios de plagio y sobreprecio.
A esto se suma un dato clave que, hasta ahora, no había salido a la luz: la pérdida de confianza de la exministra y alcaldesa Carmen Catillo, quien habría tomado distancia de Mario Fuentes Romero, tras conocer una demanda por prácticas antisindicales y una querella por falsificación de instrumento público en su contra, relacionada directamente con un decreto municipal redactado por el propio Fuentes. El cóctel de irregularidades, presiones y favores cruzados habría colmado la paciencia de la alcaldesa de San Felipe, quien decidió denunciar formalmente lo ocurrido y pedirle la renuncia.
Fuentes Romero no se fue en silencio. Antes de cerrar la puerta, acusó a la alcaldesa de San Felipe de supuestas “conductas fraudulentas” vinculadas a la empresa de áridos. El resultado: un escenario de fuego cruzado, con querellas de lado y lado, versiones enfrentadas y discursos cargados de indignación. Y como suele ocurrir en estos casos, la ciudadanía quedó una vez más relegada al rol de espectadora del espectáculo político-judicial.
En ese escenario, Mario Fuentes Romero ya no es solo un caso: es un símbolo. De cómo el poder, cuando se ejerce sin límites ni consecuencias, puede pasar —sin esfuerzo— del púlpito a la querella. Del crucifijo a la carpeta fiscal.
