El concejal de San Felipe, Ronald Angelo Olivares Cruz, decidió no someterse al test de drogas voluntario acordado por el Concejo Municipal, convirtiéndose en el único integrante que no participará de esta medida, impulsada como un gesto concreto de transparencia frente a la comunidad.
A través de un correo enviado a la secretaria municipal, Marillac Cortés, el edil expresó estar “a favor” de este tipo de controles voluntarios, periódicos y sin excepciones, tanto de drogas como de alcohol. Sin embargo, estableció condiciones para su participación: un pronunciamiento oficial sobre el procedimiento, la modificación del reglamento interno y, además, la realización urgente de una auditoría externa.
Lo llamativo es que no se especifica qué áreas deberían ser auditadas, ni por qué esta solicitud está directamente vinculada al test. Solo se indica que sería una medida “aún más importante”, aunque hasta ahora no había sido planteada como prioridad en ninguna sesión.
Olivares también recordó que propuso formalmente incluir estos exámenes en el reglamento, moción que aún no ha sido discutida. Mientras tanto, su postura lo deja fuera del compromiso adoptado por sus cinco colegas, quienes accedieron sin condiciones a realizarse el test.
Así, el único concejal que no se hará el examen es precisamente quien más habla de transparencia, pero la condiciona a una auditoría que no tiene ni fecha, ni foco, ni consenso. Una exigencia que suena más a distracción que a convicción.
Al final, más que una negativa directa, la respuesta de Olivares se parece a ese “sí, pero…” que nunca llega a concretarse. Y en tiempos donde la ciudadanía exige señales claras, las excusas técnicas no alcanzan.