By El 24 de abril de 2024, en la comuna de San Esteban, C.A.Z. protagonizó un violento episodio que dejó en evidencia el grave riesgo que representaba para su propia familia. Su conviviente, embarazada de varios meses, fue víctima de una brutal agresión física y psicológica que incluyó mordeduras y amenazas de muerte.
En medio del ataque, el imputado lanzó frases aterradoras contra la mujer y la hija que esperaba: “Voy a partir con tu hija, la voy a hacer abortar” y “querí que los mate a todos”. La madre de la víctima fue testigo directo de lo ocurrido, sin poder intervenir ante la violencia desatada al interior de la vivienda. Pese a la crudeza de las amenazas, el embarazo logró continuar y la hija de la pareja finalmente nació.
El tribunal dictó en ese momento medidas cautelares, como la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima. Sin embargo, C.A.Z. no se presentó a la formalización fijada y permaneció prófugo durante casi un año. La defensa argumentó que no residía en la zona, lo que permitió que se mantuviera en libertad mientras se definía una nueva audiencia, dejando a la víctima y su familia en un prolongado estado de temor e incertidumbre.
Durante todo ese tiempo, el caso se transformó en un símbolo de la dificultad para hacer cumplir las medidas de protección en contextos de violencia intrafamiliar, donde la evasión de los imputados aumenta la vulnerabilidad de las víctimas.
Finalmente, tras meses de espera, el tribunal fijó para el 28 de octubre la audiencia de procedimiento abreviado y revisión de cautelares, donde C.A.Z. deberá responder ante la justicia por las graves amenazas y agresiones que marcaron a su pareja y a todo su entorno familiar.
