By La Contraloría General de la República publicó el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°19, fechado el 6 de enero de 2026, donde se identifican entidades públicas que, entre los años 2020 y agosto de 2025, presentaron incumplimientos en el control de inhabilitaciones para trabajar con menores, contraviniendo la normativa vigente.
El informe señala que, a nivel nacional, 72 entidades mantuvieron vínculos contractuales con personas inhabilitadas, detectándose 35 casos durante el año 2025 de personas que aparecen ejerciendo funciones públicas con contacto directo y habitual con menores. El documento aclara que no individualiza personas ni detalla cuántos casos corresponden a cada institución, entregando solo un consolidado general y el listado de los organismos observados.
Entre las entidades que figuraban manteniendo estos vínculos durante 2025 se encuentra la Municipalidad de Los Andes, junto a otras municipalidades, servicios locales de educación pública, corporaciones municipales y establecimientos de salud del país.
Según Contraloría, estas situaciones vulneran lo dispuesto en el artículo 6 bis del Decreto Ley N°645 de 1925, normativa que obliga a las instituciones a verificar previamente, antes de contratar o designar personal para funciones con relación directa y habitual con menores, si existen inhabilitaciones vigentes en el Registro General de Condenas.
Finalmente, el organismo fiscalizador instruyó poner término inmediato a los vínculos jurídicos, iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes y reportar las acciones adoptadas en un plazo máximo de cinco días hábiles
