JUDICIAL: [VIDEO] El abogado que firmó por su clienta y terminó trabajando para la contraparte: la historia que pone en jaque a Mario Fuentes Romero

La vecina de la provincia de Petorca, Karina Vicencio, creyó que estaba firmando un salvavidas. O más bien, creyó que alguien más lo hacía por ella: su abogado. Como muchas personas que enfrentan juicios sin grandes recursos ni asesoría permanente, confió. Y entregó lo que tantos entregan sin imaginar consecuencias: su Clave Única. Lo que no sabía era que ese gesto de buena fe, más que sacarla del problema, la pondría al borde de perder su casa. Firmaron por ella un acuerdo que no leyó, que no entendió y que, según afirma, jamás autorizó. Uno que duplicaba la deuda que enfrentaba y que fue presentado como la solución a todos sus problemas.

En el centro de esta historia está el abogado Mario Fuentes Romero, exgobernador de Petorca, exasesor jurídico de San Felipe y hoy investigado por haber firmado en nombre de su clienta sin su consentimiento. Fue despedido por la alcaldesa Carmen Castillo, quien además presentó una querella por presunto fraude en un contrato que lo vincula. Hasta hace poco, redactaba informes jurídicos y presentó una denuncia por corrupción; ahora, su nombre figura en los informes de la Fiscalía por posible prevaricación y otros posibles delitos.

La historia se inicia en la ciudad de La Ligua, cuando Karina Vicencio, residente de la Villa Esperanza, firmó una promesa de compraventa por su vivienda con el empresario Luis Rodrigo Flores Rojas. El trato fue claro: tres pagos por un total de $33 millones. Dos se hicieron. El tercero, no. En 2020, Flores la demandó. Karina, sin mayor experiencia legal, buscó ayuda y confió su defensa a quien entonces era procurador habilitado: Mario Fuentes Romero. Meses después, ya como abogado titulado, él asumió su representación formal ante el Juzgado de Letras de La Ligua. Todo parecía ir por el cauce legal esperado, hasta que un día Karina se enteró —más por accidente que por información directa— que se había llegado a un “acuerdo”. Uno donde ella se comprometía a pagar 19 millones de pesos en un año, y, por si eso fuera poco, aceptaba una cláusula de multa por otros 19 millones en caso de incumplimiento. Todo firmado electrónicamente. Todo sellado. Todo “en su nombre”.

Karina no firmó. O al menos no en el sentido tradicional. Fue su Clave Única la que apareció como instrumento de validación. Esa misma clave que entregó con confianza a su abogado. “Nunca vi ese documento completo. Solo me dijeron que era para terminar el juicio, que me daban plazo para pagar. Pero esa cláusula nunca me la explicaron. Yo no estaba entregando una casa, estaba entregando mi futuro”, dice hoy.

Hasta aquí, ya habría motivos para cuestionar la representación legal. Pero lo más grave estaba por venir. Mientras la supuesta defensa de Karina avanzaba, Mario Fuentes Romero —su abogado, su apoderado legal— comenzaba a trabajar con M&H Group Spa, una empresa inmobiliaria representada por Macarena Herrera Olmos. ¿Quién es ella? Nada menos que la esposa del demandante, Luis Flores. Fuentes no solo asesoró a la empresa: figura como abogado patrocinante en otras causas donde la firma es parte, incluyendo un litigio contra la Municipalidad de La Ligua. Y lo admitió. No es rumor ni suposición: está documentado y fue reconocido por él mismo. Sí, mientras defendía a Karina, colaboraba profesionalmente con quienes querían ejecutar y quitar su propiedad.

Un detalle que refuerza las sospechas es que el juicio civil contra Karina Vicencio se inició el 6 de enero de 2020, y al día siguiente, el 7 de enero de 2020, Mario Fuentes Romero aparece constituyendo formalmente M&H Group Spa, sociedad ligada a la contraparte del caso. Es decir, un día después de asumir su representación legal, ya estaba creando vínculos societarios con quienes buscaban ejecutar la propiedad de su clienta.

El 6 de diciembre de 2024, Karina presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Viña del Mar por el delito de prevaricación. El caso civil quedó suspendido. Porque lo que hasta ese momento era una disputa contractual, pasaba a convertirse en algo mucho más delicado: un posible delito cometido por el propio abogado defensor. La justicia comenzó a revisar los antecedentes. Y lo que apareció no fue menor.

En los registros oficiales de sociedades aparece una cláusula que designa a Daniela Paz Quiroz Saa como árbitro arbitrador de una de las empresas relacionadas con M&H Group. En segundo lugar, por si ella no acepta, se designa a Mario Fuentes Romero. Es decir, no solo actuaban como abogados externos, también estaban institucionalmente integrados como posibles jueces internos en disputas societarias. Y en medio de ese círculo, Karina entregaba su confianza sin saber que, en realidad, estaba sentada sola al otro lado del ring.

Mientras todo esto se desarrollaba, la casa de Karina tenía fecha de remate: 8 de enero de 2025. El único motivo por el que no se ejecutó fue la intervención de la Corporación de Asistencia Judicial. “No se trató solo de plata. Yo sentí que me quitaron el derecho a entender, a decidir, a defenderme. El juicio estaba arreglado desde dentro”, cuenta. Hoy, el remate está detenido. Pero la incertidumbre persiste.

La abogada actual de Karina, Cecilia Saile, explica que lo vivido por su representada no es solo negligencia profesional, sino que puede configurar un delito penal grave. “Aquí no hablamos solo de una mala práctica. Se trata de un abogado que firmó en nombre de su clienta sin autorización, que trabajó para la contraparte y que además estaba vinculado directamente con una sociedad creada por ellos. Es un caso paradigmático de prevaricación y conflicto de interés”, sostiene.

El abogado al centro de este caso no es un personaje cualquiera. Mario Fuentes Romero fue gobernador de la provincia de Petorca entre 2014 y 2016, nombrado por la presidenta Michelle Bachelet. Después fue administrador municipal en Putaendo, en La Calera, y director jurídico en la Municipalidad de San Felipe. Tiene trayectoria, tiene redes, tiene experiencia. Y todo eso, dicen hoy sus denunciantes, lo usó no para defender, sino para operar en beneficio de intereses ajenos a su clienta.

La prevaricación es, en términos legales, cuando un abogado actúa conscientemente contra los intereses de quien lo mandata. No es solo un error. Es una traición. Es como un médico que en vez de curar, agrava la enfermedad. Y en Chile, es un delito penal que puede acarrear penas de cárcel y la inhabilitación del ejercicio profesional.

En este caso, los elementos se acumulan: firma electrónica usada sin consentimiento explícito, vínculos laborales con la contraparte, falta de información transparente sobre un avenimiento que impuso obligaciones desproporcionadas, y una estructura societaria que parece diseñada para que todo quede en casa. ¿Cómo no sospechar?

El caso sigue en manos de la Fiscalía. Karina, mientras tanto, sigue pagando las consecuencias. No solo económicas. También emocionales. También humanas. Porque cuando tu abogado no está de tu lado, ya no es solo un juicio. Es una batalla desigual donde la toga, el código y la ley pueden ser las armas que apuntan a tu contra.

La justicia tendrá que decidir si hubo delito. Pero la historia ya está escrita. Y para quienes leen esto pensando que a ellos no les pasaría, Karina tiene una sola respuesta: “Yo también pensé eso. Hasta que fue mi casa la que pusieron a remate.”

Mario Fuentes Romero no ha emitido declaraciones públicas por el momento. AconcaguaNews intentó contactarlo para conocer su versión, la cual será enviada durante las proximas horas, ya que se encontraría fuera del país.