By El parlamentario busca que se escuchen las alertas por parte de las comunidades y que se evalúe con rigurosidad la amenaza ambiental que representan los proyectos energéticos impulsados en la zona.
Habitantes de sectores como La Estancilla, La Isla y otras zonas rurales de Llay Llay —junto a comunidades del Valle de Aconcagua— han expresado su firme rechazo a dos iniciativas energéticas impulsadas por las empresas Parsosy Inti SpA y Parsosy Magec SpA. Se trata de los proyectos “BESS La Isla” y “Parque Solar La Estancilla”, ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en noviembre de 2024 y enero de 2025, respectivamente.
La preocupación de los vecinos se centra en los impactos sanitarios, hídricos y ambientales del proyecto de almacenamiento de energía con baterías de litio (BESS), que contempla la instalación de más de 300 contenedores a tan solo metros de viviendas habitadas, pozos de agua y áreas productivas. Se advierte sobre riesgos como incendios, emanación de gases tóxicos, contaminación del manto acuífero y afectación a la biodiversidad.
Ante este escenario, el diputado Nelson Venegas anunció que solicitará formalmente a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara recibir a dirigentes sociales de la zona: “hemos estado con vecinos que están muy preocupados por la situación medioambiental, especialmente por el riesgo que implica instalar este tipo de tecnología cerca del río Aconcagua. Estamos a favor de las energías renovables, pero estas deben implementarse con responsabilidad ecológica. Lo que ocurre en La Estancilla no se está haciendo bien y no lo podemos tolerar”, afirmó.
Eugenio Díaz, dirigente vecinal del sector La Isla, enfatizó: “el proyecto fue mal presentado desde el inicio: pretenden instalar baterías a solo 10 metros de casas habitadas, en un terreno sobre el manto acuífero. No hay estudios propios del lugar ni protocolos de emergencia. Estamos luchando por nuestra salud, por el agua, y por la vida del valle entero”.
Por su parte, el concejal de Llay Llay, Matías Barrera, añadió: “este proyecto es una amenaza directa a la biodiversidad, a la seguridad hídrica y a la calidad de vida de nuestras comunidades. Está emplazado sobre una zona inundable, con 18 pozos inscritos en la DGA y un evidente sobrepaso de normas acústicas. Exigimos que la Superintendencia del Medio Ambiente intervenga antes de que se concrete una nueva injusticia ambiental en la región”.
