La Directiva del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de las Residencias Casa Belén, Casa Laura Vicuña y Casa Sagrada Familia emitió una declaración pública en la que manifestó su rechazo y preocupación por la decisión del Obispado de San Felipe de solicitar el cierre definitivo de las residencias Casa Belén de Los Andes y Walter Zielke de San Felipe, advirtiendo que la medida afectará no solo a decenas de funcionarios, sino también a los niños, niñas y adolescentes que actualmente reciben atención en dichos establecimientos.
En el documento, la organización sostiene que las residencias han sido atendidas durante años por equipos multidisciplinarios altamente especializados, integrados por psicólogos, trabajadores sociales, educadores de trato directo, terapeutas ocupacionales, personal administrativo, auxiliares y otros profesionales dedicados al cuidado de menores que han sufrido graves vulneraciones de derechos. A juicio del sindicato, el cierre significará la pérdida de empleos y la desarticulación de equipos cuya experiencia constituye un importante aporte para la protección de la infancia.
Los trabajadores también cuestionan que esta decisión se produzca pocos meses después de que el propio Obispado señalara públicamente que su prioridad era resguardar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y cumplir con el deber de cuidado respecto de quienes estaban bajo su protección. En ese contexto, sostienen que el cierre de dos residencias genera una evidente contradicción entre ese compromiso y la determinación ahora anunciada.
Otro de los puntos abordados en la declaración dice relación con el financiamiento de los programas. El sindicato recuerda que ambas residencias funcionan con recursos entregados por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, además del apoyo permanente de benefactores, familias, empresas e instituciones que durante años han colaborado mediante donaciones y aportes destinados a mejorar la calidad de vida de los menores acogidos. Por ello, estiman que una decisión de esta magnitud debe ser explicada con total transparencia a la comunidad.
La declaración también aborda el escenario laboral que enfrenta la organización sindical. Según indican, la presidenta y la secretaria del sindicato trabajan precisamente en la Residencia Casa Belén, una de las que dejará de funcionar, mientras la organización mantiene controversias judiciales con el Obispado relacionadas con la defensa de derechos laborales y sindicales. Frente a ello, afirman que la coincidencia entre ambos hechos genera dudas respecto de las motivaciones de la decisión e indican que los antecedentes justifican que las autoridades competentes investiguen si existe o no una eventual práctica antisindical, aclarando que dicha determinación corresponde exclusivamente a los organismos fiscalizadores y a los tribunales de justicia.
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Asimismo, recalcan que la libertad sindical constituye un derecho fundamental protegido por la legislación chilena y por convenios internacionales ratificados por el país, señalando que este derecho comprende no solo la existencia de organizaciones sindicales, sino también la posibilidad de desarrollar su labor sin sufrir represalias directas o indirectas.
En la parte final del comunicado, el sindicato expresa su preocupación por la incertidumbre que enfrentan los niños, niñas y adolescentes que actualmente viven en las residencias, señalando que muchos requieren estabilidad, continuidad en sus procesos de intervención y mantener los vínculos construidos durante años con los equipos profesionales que los acompañan. Del mismo modo, agradecen el respaldo brindado por personas e instituciones que durante años han colaborado silenciosamente con ambas residencias y sostienen que esos benefactores también merecen conocer las razones que justifican el cierre.
Finalmente, la organización reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores, la libertad sindical y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Además, anuncia que continuará ejerciendo las acciones administrativas y judiciales que estime pertinentes y hace un llamado al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, a la Dirección del Trabajo y a las autoridades competentes para que supervisen este proceso y velen por el respeto de los derechos de los menores y de quienes trabajan en su cuidado.
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