Una querella por el presunto delito de depositario alzado interpuso Factoring Andes S.A. en contra de un empresario de San Felipe, luego que, según la acción judicial, este habría vendido un vehículo que se encontraba embargado por orden de un tribunal, incumpliendo la obligación legal de mantenerlo bajo su custodia.
La presentación fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de San Felipe el pasado 1 de julio y remitida al Ministerio Público para el desarrollo de la investigación penal correspondiente.
De acuerdo con la querella, los hechos se originan en un juicio ejecutivo seguido por Factoring Andes S.A. contra Ingeniería Frankselec SpA y su representante legal, por una deuda de $4.905.935, más intereses. En ese contexto, el 27 de septiembre de 2024 un receptor judicial practicó el embargo de una Dodge Journey 2.4 automática, color blanco, año 2010, inscrita a nombre del querellado, diligencia realizada en un domicilio ubicado en Villa Los Álamos de San Felipe. El vehículo quedó bajo la responsabilidad del propietario en calidad de depositario judicial, condición que le impedía venderlo o disponer de él mientras permaneciera vigente el embargo.
Sin embargo, la empresa sostiene que el 15 de junio de 2026, durante una nueva diligencia realizada por un receptor judicial para verificar el estado del bien, se constató que el automóvil ya no se encontraba en el lugar. En la querella se señala que el propio demandado habría informado que el vehículo había sido vendido aproximadamente dos años antes, pese a mantenerse afecto a la medida judicial.
A juicio de la parte querellante, estos antecedentes configurarían el delito de depositario alzado, figura penal que sanciona a quien dispone de un bien embargado que tenía la obligación legal de conservar.