La diputada Marisela Santibáñez expresó su profunda preocupación ante esta decisión, señalando que el reglamento contemplaba avances concretos en bienestar animal, como la prohibición de mutilaciones por razones estéticas, identificación obligatoria mediante microchips, restricciones al uso de collares de ahorque y regulación de actividades como las carreras de perros.
Asimismo, destacó que este instrumento es fruto de un proceso amplio de participación ciudadana y de un respaldo transversal en el Congreso, reflejando un consenso social claro en contra del maltrato animal.
La parlamentaria advirtió que esta medida abre dudas sobre el compromiso del Gobierno con una normativa vigente y ampliamente respaldada, pudiendo interpretarse como una señal de desalineación con un acuerdo social ya consolidado.
Finalmente, hizo un llamado al Presidente de la República a reconsiderar la decisión, subrayando que el bienestar animal debe ser una política transversal y ajena a diferencias políticas.