La Municipalidad de Llay Llay presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de San Felipe por la presunta sustracción de nueve vehículos que habían sido embargados en el marco de un procedimiento judicial seguido contra una empresa dedicada a la extracción de áridos, la que mantiene una deuda cercana a los $300 millones con el municipio. La acción fue declarada admisible y será investigada por el Ministerio Público.
Según la presentación judicial, la deuda asciende a $299.642.425 por concepto de derechos municipales impagos, situación que dio origen a un procedimiento ejecutivo para recuperar los recursos adeudados. Como parte de esa causa, se decretó el embargo de 12 vehículos pertenecientes a la empresa.
Durante las diligencias realizadas por el receptor judicial para retirar las especies embargadas, solo fue posible incautar tres vehículos. Respecto de los otros nueve, la representante legal de la empresa habría manifestado desconocer su ubicación, pese a que continúan inscritos a nombre de la sociedad. De acuerdo con la querella, dichos vehículos tendrían un valor aproximado de $150 millones y algunos incluso habrían sido observados en faenas donde la empresa continúa desarrollando labores de extracción de áridos.
La Municipalidad sostiene que, al haber sido designada depositaria de los bienes embargados, la representante legal tenía la obligación de mantenerlos a disposición de la justicia, por lo que los hechos podrían configurar el delito de sustracción de bienes embargados. En la querella también se solicita que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI realice las diligencias necesarias para establecer el paradero de los vehículos y determinar la eventual participación de otras personas en los hechos denunciados.
El tribunal acogió a tramitación la acción judicial y ordenó remitir todos los antecedentes al Ministerio Público, organismo que deberá dirigir la investigación y establecer si existió responsabilidad penal en este caso.
