Una trama de denuncias por engaños, operaciones millonarias y disputas judiciales involucra a dos adultas mayores de 92 y 95 años de la comunidad palestina de San Felipe, cuyo patrimonio está en el centro de una investigación judicial.
En esta investigación aparecen Juan Pablo Amar Álvarez y Diego Contreras Toro, quienes asumieron la administración de los bienes de las hermanas Nazra y Marta Lolas mediante amplios poderes notariales hoy cuestionados.
Familiares de ambas mujeres denunciaron maniobras de aprovechamiento patrimonial, cuestionando contratos y movimientos bancarios a través de sociedades vinculadas a sus administradores.
Scotiabank informó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre movimientos por más de $3.547 millones desde la cuenta de una de ellas: $2.800 millones a Agrícola e Inversiones Aconcagua y 28 cheques por más de $747 millones a Consultora Bayt Jala.
El banco adoptó medidas preventivas y remitió antecedentes al Ministerio Público. Para hoy martes 3 de noviembre está prevista la revisión del recurso de protección presentado contra Scotiabank por las sociedades afectadas por el bloqueo y cierre de cuentas.
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A este escenario se suma otra causa que involucra a Juan Pablo Amar. Según la liquidadora de Inmobiliaria Amar e Hijos, la empresa adeudaba en 2022 unos $3.500 millones: $3.200 millones al Banco Internacional y $225 millones al Banco de Chile, antes de los poderes a las hermanas Lolas.
La misma liquidadora presentó una querella por delitos concursales contra Juan Pablo y otras dos personas, cuestionando traspasos de propiedades por más de $4.500 millones y pérdidas por arriendos superiores a $600 millones. Fue declarada admisible el 5 de junio de 2025 y remitida al Ministerio Público.
Paralelamente, el conflicto llegó a la Corte Suprema, que el 5 de octubre de 2026 confirmó el rechazo de un recurso de amparo presentado por los administradores. Las responsabilidades penales aún deben ser determinadas por la justicia.
