La Corte Suprema confirmó, según informó la Municipalidad de Llay Llay, el fallo que declaró ilegal la incautación de equipos computacionales y teléfonos durante un procedimiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado 11 de septiembre en dependencias municipales.
La resolución ratifica lo determinado el 30 de septiembre por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que acogió un recurso de amparo presentado en favor de funcionarios municipales, al establecer que las diligencias cuestionadas carecían de fundamentos suficientes y vulneraron derechos constitucionales.
Durante el operativo, desarrollado en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones municipales, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Los Andes solicitaron la entrega de dispositivos electrónicos. Según los antecedentes del recurso, uno de los funcionarios permaneció retenido durante aproximadamente cuatro horas mientras se gestionaba una autorización judicial.
El fallo de primera instancia concluyó que no existían antecedentes suficientes que justificaran la incautación de los equipos del funcionario amparado y que la actuación policial afectó su libertad personal.
Con esta resolución, corresponde restituir los dispositivos comprendidos en el fallo y eliminar la información obtenida mediante las diligencias declaradas ilegales.
El alcalde Edgardo González Arancibia valoró la decisión judicial, señalando que confirma los cuestionamientos del municipio al procedimiento policial y reiterando su disposición a colaborar con las investigaciones.
Cabe precisar que esta resolución se refiere a la legalidad del procedimiento policial y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre los presuntos delitos investigados.