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Declaración pública PS Los Andes.
En las últimas semanas el país ha asistido a un proceso de movilización social y ciudadana de envergaduras históricas, no vista en los últimos treinta años.
La sociedad de a pié está parada frente a una encrucijada mayor, no sólo respecto de la contingencia política sino también respecto de un avance cualitativo hacia el desarrollo social. La educación es una de estas áreas donde una ciudadanía con mayor bienestar demanda calidad, regulación y protagonismo estatal, y mayor igualdad.
Los Gobiernos de la Concertación hicieron grandes avances y esfuerzos por mejorar la cobertura educacional, la extensión de la jornada escolar, la obligatoriedad de la educación media, la universalidad en la asignación de alimentación en la básica pública, el inicio de un ambicioso programa de pre-escolaridad (detenido y dilatado en el actual gobierno no se sabe con qué argumentos).
Sin embargo, dado el marco institucional, los poderes fácticos transversales y Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), amarrada el último día de la Dictadura, no se pudo avanzar en cambios de estructura en la educación para poder nivelar la progresiva segmentación social instalada en los establecimientos educacionales, ni eliminar las prácticas lucrativas de sostenedores de enseñanza escolar ni superior. De hecho, en tiempos de las movilizaciones estudiantiles del 2006, nuestra Presidenta Michelle Bachelet, creó la Comisión de Educación, luego de lo cual envío un proyecto de derogación de la LOCE, relevando el papel de la educación pública, la calidad educativa e indicando que los colegios subvencionado se convirtieran en fundaciones sin fines de lucro, apuntando a uno de los ejes estructurales de la desigualdad, baja calidad educativa del sistema y el desmedro de la educación pública. La Derecha, en esa época en la oposición, montó en cólera porque la Ministra Provoste (DC), solicitara el fin al lucro, para luego destituirla y prohibirle ejercer cargos públicos por cinco años…
Sin embargo, el proyecto original chocó con un Congreso empatado artificialmente por el Sistema Binominal que permite que las minorías parlamentarias tengan igual representación que las mayorías, lo que hizo posible –por ejemplo- que Jovino Novoa siendo tercero en la elección de Santiago Poniente, fuese senador.
En ese sentido, la crisis de la educación está desnudando la gran crisis política que esconde el injusto sistema binominal. La sociedad chilena, en base a su progreso social, cultural y económico de los últimos veinte años, es más estable, más diversa, más participativa, más opinante, demandando mayor protección social pública y nuevas oportunidades en un sistema social más igualitario. Este clamor social mayoritario por terminar con las desigualdades, lamentablemente, sigue entrampado por un Congreso cada vez más deslegitimado, donde la derecha, favorecida por el Binominal, sigue representando a los poderosos y protegiendo los anclajes institucionales del sistema económico neoliberal. En este sentido, nos manifestamos a favor del planteamiento del Alcalde Mauricio Navarro, de cambiar el modelo económico y social del Chile actual.
Ahora que la derecha es Gobierno, se pone en evidencia esa fuerte ligazón entre los grupos económicos, que financian sus campañas, y su accionar político en el Congreso, y ahora en el Ejecutivo. Antes, se limitaban a “atajar los goles” reformistas de los Gobiernos de la Concertación, como lo sostenía el propio Novoa, sin necesidad que ellos elaboraran los proyectos de ley, preocupándose de mantener sus nichos de votantes, y estimulando el descontento para “desalojar” al otrora Gobierno.
Ahora, que se encuentran con la iniciativa legal que da el Ejecutivo, no saben hasta donde llegar para no “enojar” a la derecha económica ni su propia ideología. La “nueva forma de gobernar”, no fue más que un buen eslogan, caído a pedazos desde los primeros nombramientos ministeriales, el personalismo excesivo y la tozudez del Presidente, la falta de manejo político de sus ministros, los errores no forzados, la incoherencia e improvisación de las políticas públicas y proyectos de ley, los conflictos de intereses con Ministros de 72 horas, y en algunos casos la corrupción flagrante como los casos difundidos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Ante esta crítica contingencia, el PS de Los Andes, exige al Gobierno atender de manera clara y convincente las demandas planteadas por los estudiantes y el Colegio de Profesores, demostrando voluntad política para emprender los cambios estructurales que requiere la educación, donde la reforma tributaria es uno de los pilares fundamentales para su financiamiento, donde encontrará el apoyo de la oposición parlamentaria.
Nos declaramos completamente en contra de prohibir el derecho a marcha, como indignados y preocupados por la represión pública de las fuerzas de orden, mandatadas por el Ministro del Interior, quien debiese renunciar. Esperamos que el Gobierno sea parte de la solución y no nos siga haciendo caer en mayor caos y crisis social.
Fuente: Comunicado de Prensa
AconcaguaNews.cl
