By La diputada María Francisca Bello, autora del proyecto, explicó que su objetivo es brindar mayores facilidades a los Servicios Sanitarios Rurales para acceder a los derechos de agua y tener voz en los procesos de decisión sobre la distribución de este recurso hídrico.
La iniciativa busca asegurar el acceso a los derechos de aprovechamiento de agua para los comités y cooperativas de agua potable rural (APR), y recibió aprobación unánime en la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahora, el proyecto pasará al Senado para su próxima etapa de tramitación.
La diputada Bello, quien trabajó en colaboración con diversos dirigentes de estas cooperativas y activistas por el agua, afirmó que «en el contexto actual de cambio climático, resulta crucial contar con políticas sólidas para la redistribución, planificación y priorización en relación con este recurso hídrico».
«Las organizaciones de agua potable rural son las responsables de asegurar el derecho humano al agua en las áreas rurales de nuestro país. Más de 2000 comités o cooperativas prestan servicios sanitarios sin fines de lucro en todo Chile», continuó la diputada.
La diputada también señaló que el marco legal actual exige la posesión de derechos de aprovechamiento de agua, con escritura e inscripción, para participar en las organizaciones de usuarios de agua y tener acceso a espacios de discusión sobre la redistribución del recurso. Esto puede resultar inaccesible para muchos líderes debido a diversas razones.
El proyecto también busca eliminar el límite de 12 l/s para solicitar derechos de aprovechamiento de agua por parte de las APR. Esto permitiría a estas organizaciones obtener una autorización transitoria de extracción otorgada por la DGA. Además, se habilitaría a la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas para solicitar derechos de aprovechamiento de agua, y se garantiza que la solicitud definitiva no sea denegada cuando exista la necesidad de agua para consumo humano.
«En un país donde el control del agua está concentrado en manos de unos pocos, asegurar el derecho a su distribución y consumo humano se vuelve más urgente que nunca», concluyó la parlamentaria.
