La iniciativa se aprobó por 126 votos a favor, 4 abstenciones y 5 diputados que se inhabilitaron para esta votación.
La sala de la Cámara de Diputados y Diputadas despacho a ley el proyecto que extiende hasta el año 2032 la posibilidad de regular los derechos de aprovechamiento de agua y la inscripción de estos, cuyo plazo estaba vigente hasta abril de 2027. Además, estableció como excepción a este plazo los derechos de aprovechamiento no inscritos cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas, para los cuales el tiempo límite se extenderá hasta abril de 2033.
La diputada por el distrito 6 de la región de Valparaíso, Sofía González señaló que “todavía hay miles de pequeños agricultores, comunidades rurales y sistemas de agua potable rural que no han podido completar la regularización de sus derechos de aprovechamiento de agua. Y esto no es simplemente un problema de papeles. En Petorca, Cabildo, La Ligua, Hijuelas, Nogales, y en distintas comunas del Valle del Aconcagua, la certeza hídrica se traduce en producción, trabajo, agricultura familiar campesina, y también abastecimiento para comunidades completas”.
Según lo comentado por la legisladora “hace algunos días me reuní con la comunidad de agua El Melón, en Nogales, donde nos contaron sobre las dificultades que han enfrentado para lograr regularizar y proteger sus derechos de agua, derechos que utilizan desde hace muchos años. Sin embargo, han tenido que enfrentar la desidia de la burocracia, llegando incluso a reiniciar procesos completos porque a alguien se le perdió un papel. Por casos como este, es necesario ampliar los plazos. No sería razonable que pierdan sus derechos de agua porque no lograron superar un procedimiento complejo o porque el propio Estado no tuvo la capacidad suficiente para tramitarlo oportunamente. También valoramos que el Senado haya incorporado un mecanismo de regularización colectiva, permitiendo que las organizaciones de usuarios puedan realizar este proceso. Esto puede facilitar un trámite que hasta ahora recaía sobre cada persona”, destacó.
Por último, la diputada Sofía González advirtió que “nos parece coherente entregar más tiempo para regularizar y, al mismo tiempo, limitar la posibilidad de oponerse a la constitución de nuevos derechos a quienes todavía no tienen los suyos inscritos. Eso puede terminar perjudicando precisamente a quienes esta ley busca proteger. Eso, sin contar que ni siquiera hemos hablado sobre entregar asesorías legales a quienes no tienen cómo acceder a una, así que debemos corregir esta restricción. Entendemos que las comunidades rurales necesitan un Estado que facilite la defensa de sus derechos, no uno que las deje en una posición más débil frente a quienes tienen mayores recursos para defender los suyos”.
