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La Gobernadora Provincial, Patricia Boffa, valoró que el Presidente Sebastián Piñera junto al Ministro de hacienda Felipe Larraín, firmara el proyecto de ley que reforma el sistema de información comercial.
Actualmente, el sistema funciona de manera fragmentada, donde sólo los bancos comparten información entre si sobre la deuda de sus clientes, mientras que diversos agentes crediticios no aportan información al sistema, generando antecedentes incompletos. Asimismo, los titulares no tienen ningún control sobre sus datos en el sistema, lo que en algunos casos deriva en el su mal uso, poniendo de relieve la información negativa, en desmedro de la información positiva.
Esta falta de información – explico la Gobernadora Patricia Boffa- propicia restricciones en los créditos, tasas de interés más altas, especialmente en los créditos más riesgosos y de menor competencia, lo que genera adicionalmente el problema del sobreendeudamiento, especialmente en los quintiles de menores ingresos.
El presidente Piñera por su parte informó que el nuevo proyecto recoge las recomendaciones internacionales tras el ingreso de Chile a la OCDE y se centra en cuatro ejes y objetivos centrales, que son el reforzar los derechos de los titulares de los datos y establecer normas y principios básicos que resguarden la privacidad y control de la información por parte de los titulares, asimismo ampliar la información sobre obligaciones financieras y económicas que actualmente está disponible en el mercado, establecer una regulación orgánica y ordenada del sistema de información comercial e introducir mecanismos de control de calidad, seguridad y veracidad de los datos y finalmente dotar a una instancia administrativa de las facultades necesarias para regular y fiscalizar a los agentes del sistema.
“Esta iniciativa gubernamental establece con precisión los derechos de la información, acceso y aclaración, por ejemplo que los datos no puedan ser utilizados para condicionar procesos de contratación y atenciones de salud, para modificar, rectificar o cancelar datos erróneos, contemplando procesos expeditos para ello, la indemnización, cuando el titular pueda verse afectado por el mal uso de sus datos y recurrir al Sernac como instancia de entendimiento entre las partes.
Asimismo los titulares deben ser informados por los aportantes (bancos, comercio, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, notarios) acerca de morosidades y potenciales destinatarios de la información, y además deben solicitar su consentimiento para recopilar, tratar y comunicar información positiva (deuda vigente, pagos al día) o negativa (morosidades), incluso cuando la información sea requerida por entidades no crediticias.”
Por su parte el Ministro de Hacienda Felipe Larraín señalo que se crea un sistema de obligaciones económicas, que funcionará como administrador del sistema para pedir, almacenar y entregar la información comercial a las distribuidoras, tales como Dicom. Este sistema será licitado por intermedio de la superintendencia de bancos e instituciones financieras, que será la entidad reguladora, determinando requisitos, obligaciones y prohibiciones para la distribución de información comercial de acuerdo con la ley.
“La superintendencia fiscalizara y sancionará el incumplimiento de la normativa que permite la continuidad y seguridad de la información, con multas que van desde las 200 a las 1.000 UTM, la eliminación del registro de distribuidores o el término anticipado del contrato del administrador”.
