By En medio de la escasez hídrica que azota gran parte de las regiones de Chile y la necesidad urgente de fortalecer la gestión y fiscalización del recurso agua en Chile, en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara se dio inicio a la tramitación del proyecto que busca modificar el Código de Aguas en materia de procedimiento de fiscalización y vigilancia de la Dirección General de Aguas (DGA). La diputada Bello, miembro de dicha comisión, valoró la iniciativa.
“Este es uno de los proyectos más importantes. Es una cuestión que los territorios han solicitado por mucho tiempo. Tomando en cuenta lugares como la provincia de Petorca, emblema del saqueo del recurso hídrico, es vital otorgarle a la DGA la importancia y las herramientas necesarias para una gestión adecuada. Este proyecto da un paso crucial hacia la gobernanza del agua, resguardando nuestro recurso y comprometiendo al Estado en su defensa. Es necesario aumentar el presupuesto de la DGA; es urgente que el Estado se involucre activamente en la defensa del agua.” comentó la diputada Bello.
Esta iniciativa surge como respuesta directa a las demandas y preocupaciones expresadas por dirigentes de las Asociaciones de Agua Potable Rural (APR) y comunas afectadas por la escasez hídrica, donde el tema del robo de agua se ha convertido en una problemática especialmente sensible.
“Como representante de un distrito tan azotado por estas problemáticas, valoro profundamente esta iniciativa y reitero la necesidad urgente de avanzar en la modernización y fortalecimiento de nuestras instituciones hídricas. La protección del agua no es solo una responsabilidad, sino un compromiso con el futuro de Chile y las generaciones venideras” concluyó.
El principal objetivo de este proyecto es perfeccionar los procedimientos de fiscalización, otorgando a la DGA nuevas herramientas legales que le permitan abordar de manera más eficiente y efectiva los desafíos asociados a la gestión del agua en nuestro país. Con ello, se busca garantizar un uso responsable y equitativo del recurso, protegiendo los derechos de todos los ciudadanos y asegurando la sustentabilidad de nuestros ecosistemas acuáticos.
El proyecto fue aprobado en general y particular en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara y pasará a ser discutido en sala próximamente.
